Por Manuel Antonio Vega
El gobierno de Ramón (Mon) Cáceres atravesó profundas crisis financieras y políticas que lo llevaron a implementar normativas para aliviar los gastos del Estado. Sin embargo, estas medidas perjudicaron gravemente a la población, principalmente a quienes vivían en las zonas rurales. Así nació la Ley de Caminos en 1907, una normativa que obligaba a la población rural apta para el trabajo a servir al régimen sin recibir remuneración económica. Bajo este esquema, los hombres considerados «ociosos» debían realizar trabajos forzosos gratuitos en la construcción y mantenimiento de vías.
Con una escasez de mano de obra y un régimen desgastado, el gobierno buscaba ahorrar costos en las infraestructuras de todo el territorio nacional.
Como respuesta, muchos campesinos se alzaron en las lomas de distintas cordilleras para evitar ser parte de lo que consideraban abusos desmedidos.
A través de esta ley, el Estado implementó el sistema de «prestaciones personales».
La subordinación no funcionó como lo pensó Cáceres; los campesinos no vieron la medida como una vía de disciplina para mejorar la economía, sino como un mecanismo de opresión. Aunque la presidencia de Ramón Cáceres (1906-1911) no es considerada históricamente una dictadura, sí significó un régimen de mano dura y autoritario que centralizó el poder para pacificar el país y enfrentar a los caudillos regionales.
A diferencia de Ulises Heureaux («Lilís»), Cáceres buscó profesionalizar las instituciones del Estado.
Cáceres había llegado al poder en 1906, después de una época caracterizada por la inestabilidad política, las luchas caudillistas y los conflictos heredados de la dictadura de Lilís.
Durante su mandato, buscó imponer orden en las finanzas públicas y fortalecer el Estado, pero la política dominicana de aquellos años estaba cargada de resentimientos y ambiciones.
El poder no solo se disputaba en las urnas, sino mediante sangrientas conspiraciones armadas.
El control absoluto que ejerció generó fuertes enemistades internas y externas, lo que culminó con su asesinato en Santo Domingo el 19 de noviembre de 1911 en medio de una emboscada política que estremeció al país.
Rechazo campesino
La Ley de Caminos de 1907 (y su reglamento de 1909) sembró temor y descontento en el campo, lo visualizó el campesinado como una imposición.
Aunque se impuso como una medida de modernización, cambió drásticamente el estilo de vida rural.
El Estado utilizó este mecanismo tributario para obtener mano de obra gratuita a expensas del esfuerzo de los campesinos, quienes eran empadronados para garantizar que asistieran con picos, azadas y carretillas a las zonas de trabajo.
El campesinado, acostumbrado a una libertad e independencia total en la vida rural, vio truncada su autonomía.
Muchos acudían al trabajo por el puro temor de ser perseguidos por la Guardia de Mon.
Quienes se resistían eran arrestados de forma violenta, torturados y, en casos extremos, ejecutados públicamente para infundir temor y dar una lección a los demás.
La agresividad militar y el rigor de estos métodos mermaron drásticamente la popularidad del gobierno, ganándole opositores en cada rincón del país.
