Por Manuel Antonio Vega
La historia política reciente ofrece lecciones contundentes que ningún gobernante debería ignorar. La sacudida sufrida por el Partido Republicano y el presidente Donald Trump en el escenario electoral estadounidense no es un evento aislado ni ajeno a nuestra realidad continental; por el contrario, constituye un reflejo de advertencia que con suma facilidad podría replicarse en el panorama electoral de la República Dominicana.
Las elecciones municipales se vislumbran como el primer gran termómetro social para medir el descontento popular frente a una nación que está siendo golpeada de forma sistemática por la política económica del presidente Luis Abinader.
En la actualidad, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) goza de un dominio absoluto sobre las estructuras del Estado, con un control hegemónico tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, esta representación parlamentaria ha distado mucho de ejercer un contrapeso democrático real. Por el contrario, la contundente mayoría legislativa se ha transformado en un mero sello de goma al servicio del Poder Ejecutivo, dispuesto a refrendar de manera irrestricta cada iniciativa remitida desde la Casa de Gobierno, de manera muy particular la abrumadora suma de proyectos destinados a la aprobación de endeudamiento con la banca internacional y diversos organismos crediticios multilaterales.
Esta servil disposición del Congreso ha permitido al presidente Abinader instrumentar su fuerza política con calculada efectividad, impulsando medidas que lesionan de forma directa la estabilidad económica de la clase media, estrangulan la capacidad productiva de los sectores agropecuarios y nacionales, y hunden al país en un espiral de deuda pública de la cual resulta cada vez más difícil avizorar un destino claro.
Los montos millonarios contraídos a través de empréstitos se acumulan sin que la ciudadanía perciba con transparencia las inversiones reales o los proyectos de desarrollo social a los cuales supuestamente han sido destinados.
El límite de la tolerancia ciudadana parece haber alcanzado su punto crítico.
Los bolsillos del dominicano común no resisten más la presión inflacionaria ni las constantes alzas que impactan el diario vivir.
La canasta familiar se ha vuelto inaccesible para amplios sectores de la población, mientras que los precios de los combustibles continúan ahogando la movilidad y el transporte de mercancías.
A este complejo panorama se suma el encarecimiento de los costos de importación y, de forma más reciente, el desproporcionado incremento en el pago de los marbetes para la circulación de vehículos, medidas que terminan castigando sistemáticamente a quienes intentan mantener a flote sus economías familiares o pequeñas empresas.
Ante este escenario de asfixia económica, la sociedad dominicana se encuentra en la necesidad imperiosa de empoderarse y hacer valer el instrumento más poderoso del sistema democrático: el poder del voto.
Es mediante el sufragio consciente como el pueblo puede poner un freno definitivo a las políticas caracterizadas por el exceso tributario y la escalada indiscriminada en la tarifa de los servicios esenciales.
Los constantes aumentos en la energía eléctrica, el costo de los carburantes y las gravosas cargas arancelarias, incluso sobre rubros tan básicos para la dieta nacional como el arroz, exigen una respuesta firme de la ciudadanía en las urnas.
Por si fuera poco, en el horizonte nacional se perfila con la amenaza devastadora de un tsunami la tan anunciada reforma fiscal.
La perspectiva de este reajuste impositivo augura una mayor presión tributaria sobre los hombros de los contribuyentes, obligando a los dominicanos a aportar más recursos al fisco sin que el Estado garantice, a cambio, un retorno en seguridad económica, alivio financiero o una mejora sustancial en la calidad de los servicios públicos.
En la República Dominicana de hoy, el aparato estatal parece actuar con un sesgo de desproporción frente a los contribuyentes.
La imposición de leyes y tributos se agiliza gracias a la aplanadora legislativa del partido oficialista; sin embargo, esa misma celeridad desaparece cuando se trata de discutir o aprobar un aumento general de salarios que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento progresivo de la vida.
Existe una asimetría evidente entre las exigencias del gobierno hacia el ciudadano y la retribución económica que la población recibe para encarar la inflación.
Aunque la administración actual pretenda proyectar una imagen de equilibrio e institucionalidad entre los poderes del Estado, el trasfondo político muestra un desgaste incipiente.
La voluntad popular, depositaria de la verdadera soberanía, suele pasar factura ante los desaciertos continuados.
De cara a los próximos torneos electorales, el tablero político ha comenzado a transformarse, y el electorado tiene la oportunidad de cobrar en las urnas el costo social de medidas que solo han servido para profundizar la vulnerabilidad de las familias humildes y erosionar el bienestar de la clase media.
A lo largo de seis años de gestión, el mandatario ha mantenido un férreo control sobre la dinámica del Congreso Nacional, asegurando la disciplina interna de su organización política mediante esquemas de compensaciones y lealtades.
Esta estrategia ha sofocado cualquier intento de oposición razonable por parte de legisladores de su propia bancada que hayan buscado cuestionar o poner trabas al desmedido endeudamiento externo del país.
Por todo ello, el desenlace de los comicios municipales de febrero puede convertirse en el primer síntoma inequívoco de la debilidad del proyecto oficialista.
Perder plazas clave en los gobiernos locales constituiría una clara señal de advertencia de que la hegemonía del PRM comienza a fracturarse, abriendo el camino para un cambio de rumbo político que evite el descalabro económico y social de la nación.
