Por Manuel Antonio Vega
La política del gatillo alegre en la República Dominicana no hay quien la detenga.
El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, defendió recientemente el accionar de sus agentes con una frialdad que estremece. Aseguró que las muertes de presuntos antisociales durante los llamados «intercambios de disparos» no son fortuitas, sino que responden a una «planificación estratégica» frente a estructuras criminales.
Al escucharlo, la sensación es inequívoca: habla como quien ejecuta una orden superior.
Silenciar la vida de un ser humano, sin permitirle siquiera levantar las manos para pedir clemencia —e ignorándolo cuando lo hace—, es el quebrantamiento más absoluto del derecho fundamental a la vida.
Sin embargo, el mayor general Cruz Cruz y el Ministerio de Interior y Policía, dirigido por Faride Raful, hablan sin ruborizarse del fallecimiento de más de 90 presuntos delincuentes bajo esta modalidad en los primeros meses del año.
Estas acciones letales están programadas, aunque se pretenda negar desde las cómodas esferas del poder.
Anatomía de una ejecución selectiva
¿Por qué los agentes salen a las calles armados hasta los dientes, equipados con trajes blindados capaces de repeler casi cualquier calibre, si supuestamente van a un intercambio de iguales?
Aunque lo nieguen, los ajusticiamientos extrajudiciales son una constante.
Escudados en la retórica de que «los policías no retrocederán frente a la delincuencia» y que el uso de la fuerza es la única respuesta, la realidad en el terreno es muy distinta.
La institución del orden sabe perfectamente que, en la gran mayoría de los casos, el presunto delincuente ni siquiera llega a disparar.
Lo sabe la Policía y lo sabe la ministra Faride Raful; pero las órdenes no cambian, y los fusiles, escopetas y pistolas no dejan de detonar.
Están matando a dominicanos que, en su inmensa mayoría, son jóvenes desorientados y marginados por el propio sistema. Muchos de nuestros jóvenes caen el vicio de las drogas, porque encuentran quien se las vende.
La cruda realidad: Nos enfrentamos a una policía diseñada para matar, no para prevenir. Una institución podrida, hija legítima de un sistema estructuralmente corrupto.
La posición oficial intenta edulcorar la barbarie argumentando que el crimen organizado ha alcanzado niveles de sofisticación inéditos y que los enfrentamientos son «complejos», priorizando siempre poner a los sospechosos a disposición del Ministerio Público. Mentiras.
Salen exclusivamente a matar porque eso es lo que se les enseña en las escuelas policiales: a disparar a un objeto con silueta humana.
Las tácticas de entrenamiento no usan blancos abstractos; utilizan maniquíes de estructura rígida donde se aprecia con total claridad la anatomía humana.
Al policía se le adiestra minuciosamente para descargar sus armas en zonas vitales: primero la cabeza, luego el tórax, y finalmente las piernas.
Practican el «tiro al blanco» con el cuerpo de sus propios compatriotas.
El costo de la vida frente al costo del presupuesto
El alarmante número de fusilamientos extrajudiciales no nos deja mentir; por el contrario, le da una fuerza incontestable a nuestra tesis.
Informes recientes de diversas organizaciones de derechos humanos refuerzan esta profunda inquietud.
Los jefes policiales ordenan disparar a la cabeza y al pecho de quienes delinquen como si estuvieran cazando una «guinea alzá» o un pájaro carpintero en el monte.
Ante este panorama, la Iglesia católica, los evangélicos y sus líderes comunitarios no pueden callar; tienen el deber moral de exigir que se detenga la cacería, pues sl ritmo que avanzan estas ejecuciones, el país contará los muertos por miles en unos pocos años.
Bajo la lógica actual, parecería que todo el que roba un chivo, una motocicleta o asalta una banca de apuestas debe ser pasado por las armas de manera sumaria. Si ese es el camino, cabe preguntarse: ¿Para qué se construyen cárceles?
Se supone que los centros penitenciarios deben ser espacios especiales para regenerar a quienes quebrantan las leyes.
Sin embargo, el Estado nos está enviando un mensaje perverso: es más fácil y barato dar un tiro que construir cárceles seguras donde los jóvenes puedan transformar su forma de pensar, aprender un oficio digno y reinsertarse a la sociedad.
La matemática de la impunidad
Hagamos números basados en la realidad financiera del Estado:
RD$1,400 diarios: Es el costo aproximado que asume el Estado dominicano por cada privado de libertad.
RD$42,000 mensuales: El gasto por recluso para mantenerlo en el sistema penitenciario.
Cualquiera puede verificar el impacto de estas cifras revisando el portal oficial de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Díganle la verdad al país de una vez por todas: los están eliminando porque consideran que mantenerlos vivos representa una carga muy pesada para el Presupuesto General del Estado.
Pero a esa ecuación presupuestaria yo le adiciono una pregunta obligatoria: ¿Cuántos miles de millones se roban los funcionarios corruptos y cuánto se despilfarra en las campañas políticas para retener el poder? Para eso sí hay fondos ilimitados.
El verdadero enemigo es la falta de oportunidades
Hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso: en esta frenética cacería también están cayendo inocentes.
Ciudadanos de a pie que, una vez acribillados por error, pasan a ser una simple estadística por la que las autoridades se limitan a pedir excusas con la boca floja.
Hoy en día, hay más balas destinadas a matar en los cuarteles que delincuentes reales en las calles.
El presidente Luis Abinader debe ordenar de inmediato el cese de esta cacería humana. El Estado tiene la obligación urgente de diagramar y diseñar estrategias reales de desarrollo para rescatar a la mano de obra ociosa y dispersa en los barrios del país.
La falta de oportunidades de empleo, educación y crecimiento es la mayor y más verdadera razón por la cual se ha desatado la criminalidad.
Matar al delincuente no elimina la fábrica de la delincuencia; solo ensangrienta más las manos de un Estado que ha fracasado en su rol de protector
