Por Manuel Antonio Vega
En el siglo XX dominicano florecieron decretos y resoluciones que, leídos desde el presente, oscilan entre la distopía y el absurdo. Eran medidas calcadas de viejos manuales de civilidad a la fuerza, donde el castigo estatal pretendía moldear los cuerpos y disimular las miserias que la propia dictadura se negaba a resolver.
Para muestra basta un botón costero. En Sabana de la Mar, entonces bajo la jurisdicción de la provincia de El Seibo, el Concejo Edilicio emitió la Ordenanza Municipal No. 4, una medida que prohibía tajantemente transitar por las calles sin calzado.
«Que el tránsito en la zona urbana de personas descalzas debe ser prohibido», sentenciaba el primer considerando.
Para el campesino que caminaba con el polvo del camino impregnado en la piel, aquello sonó a disparate. Sin embargo, para el papel oficial, la norma era «justa y saludable»: prometía corregir una «práctica viciosa», limpiar la estética del pueblo y prevenir plagas invisibles como la uncinariasis.
Un solo artículo bastó para cambiar la rutina: quedaba terminantemente prohibida la circulación descalza.
¿La pena?
De uno a cinco pesos de multa o hasta cinco días de arresto. Si el «infractor» era menor de edad, el castigo caía sobre los hombros del padre o tutor.
Aquel dictamen de cumplimiento obligatorio se firmó el 1 de septiembre de 1952, a los 109 años de la Independencia, 90 de la Restauración y 23 de la Era de Trujillo.
La ilusión del progreso y el negocio del Dictador
Esa fiebre del cabildo sabanamarino no era un arrebato aislado. Respondía a la lógica de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, obsesionada con proyectar hacia el exterior una fachada de modernidad, pulcritud y orden civilizado.
Pero detrás de la preocupación por los «buenos modales» se escondía la voracidad del monopolio: forzar al pueblo a calzarse era garantizar el mercado a las fábricas de calzado del propio dictador.
El régimen vestía de «higiene» lo que en realidad era represión y negocio.
Exigía zapatos, pero jamás garantizó salarios dignos ni transformó los pisos de tierra de las viviendas rurales.
Para no ir a la cárcel, la pobreza aguzó el ingenio: surgieron las sandalias improvisadas con pencas de yagua amarradas con bejucos.
El pueblo humilde, despojado de recursos, se vio forzado a imitar una suerte de utilería prehistórica para caminar por sus propias calles sin ser arrestado.
El peso del pasado
La Ordenanza No. 4 de Sabana de la Mar no fue un acto de salud pública; fue un espejo de la hipocresía dictatorial.
Se encarceló la descalzadez para esconder la miseria, utilizando la ley como un látigo económico sobre los hombros de quienes menos tenían.
A más de siete décadas de aquella firma, recordar este episodio nos recuerda que el verdadero progreso nunca se impone por decreto ni se mide por el cuero de un zapato, sino por la dignidad con la que un pueblo camina libre sobre su tierra.
