Por Manuel Antonio Vega
La sabiduría popular dominicana suele utilizar la metáfora del cangrejo para describir aquellos procesos que, en lugar de avanzar hacia el desarrollo, caminan inexplicablemente hacia atrás. Hoy, lamentablemente, el sector agrícola nacional, específicamente el del mango, uno de nuestros orgullos de exportación más dinámicos, parece estar atrapado en ese andar en reversa. La reciente suspensión temporal de las exportaciones de mangos hacia los Estados Unidos debido a la presencia de la «Mosca Caribeña de la Fruta» (Anastrepha obliqua) no es un accidente de la naturaleza; es, fundamentalmente, una crónica de un descuido institucional anunciado.
Para entender la gravedad del asunto hay que mirar el retrovisor, pues desde el año 2019, la República Dominicana cuenta con una herramienta legal y técnica robusta: la resolución RES-MA-2019-35.
Firmada en su momento por el exministro de Agricultura, Osmar Benítez, esta normativa nació no por capricho, sino como un escudo fitosanitario para blindar nuestros envíos de frutas y vegetales hacia mercados hiperexigentes como la Unión Europea y los Estados Unidos.
La regla del juego era clara: si queríamos vender fuera, debíamos garantizar que nuestras fincas estuvieran limpias.
La resolución no dejaba cabos sueltos sobre el papel. Establecía desde los parámetros técnicos para la creación de fosas sanitarias en las fincas hasta la obligatoriedad de un monitoreo permanente por parte del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura.
El plan era quirúrgico: utilizar trampas con proteína hidrolizable y emitir informes semanales a través del Programa Mosca-frut RD para que los técnicos de campo supieran exactamente dónde se estaba parando el enemigo.
Incluso se fijó un umbral estricto: el indicador de Mosca por Trampa por Día (MTP) no debía superar el 0.5 para el mercado estadounidense.
Entonces, si la receta para el éxito estaba escrita y firmada desde hace años, ¿qué falló?
La respuesta duele porque es un mal endémico de nuestra administración pública: la falta de continuidad y la debilidad en la fiscalización.
La resolución cita textualmente que la comprobación de estas medidas es responsabilidad exclusiva de los técnicos e inspectores del Ministerio de Agricultura.
Cuando un mercado como el estadounidense cierra la puerta, lo que nos está diciendo en realidad es que dejamos de vigilar, que las trampas se quedaron vacías, que los informes semanales se convirtieron en burocracia de archivo y que la trazabilidad falló.
Este tropiezo no es un golpe cualquiera. El mango dominicano no es solo una fruta; es una industria que sostiene a miles de familias en las zonas más áridas y necesitadas del sur del país.
Hablamos de Peravia (Baní) como la gran capital, pero también de Azua, San Cristóbal, Barahona, San Juan, Neyba y Pedernales, además de importantes enclaves en el norte como Mao y Montecristi.
Nuestra riqueza no tiene igual.
Se calcula que en el suelo dominicano se gestan entre 250 y 300 variedades de mangos.
Desde el emblemático e irresistible mango Banilejo, pasando por los codiciados y carnosos Mingolo y Keitt (puntas de lanza en el extranjero), hasta joyas de la cultura popular como el Crema de Oro, Gota de Oro, Fabricó, Mándame Francés, Pascual, Yamaguí, o el Tommy Atkins.
Toda esa biodiversidad, todo ese esfuerzo acumulado por los productores para tecnificar sus fincas, hoy se tambalea por un fallo en la cadena de custodia estatal.
Los mercados internacionales no perdonan.
Para exportar, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) debe certificar que el producto está libre del insecto o sometido a tratamientos hidrotérmicos efectivos.
Si el Estado no garantiza que sus inspectores visiten las plantaciones (previo aviso de 24 horas al productor, como manda la ley) para auditar los cortes, el sistema colapsa.
No podemos permitirnos caminar como el cangrejo en materia de sanidad vegetal.
La suspensión actual debe encender las alarmas al más alto nivel.
El Ministerio de Agricultura y el Departamento de Sanidad Vegetal tienen que sacudirse la modorra, reactivar con rigor el Programa Mosca-frut RD y trabajar hombro con hombro con los productores y comercializadores.
Hacer cumplir la resolución de 2019 no es un favor para los agricultores; es un deber de seguridad económica nacional.
El mango dominicano tiene la calidad para conquistar los paladares más exigentes del mundo; solo falta que la institucionalidad del país esté a la altura de la riqueza de su tierra. De lo contrario, seguiremos viendo cómo el fruto de tanto esfuerzo se pudre en el suelo de la ineficiencia.
Desde las instancias de poder del gobierno se está enviando una mala señal que pone en riesgo el inestimable valor del mango en el mercado internacional.
El descuido no puede continuar. Este error debe servir para tomar medidas ejemplarizan tes contra quienes inventaron el reglamento fitosanitario, que ahora puso en apuros económicos a los productores de mangos.
El sabor amargo del oro dulce en Baní
La tierra de Baní no entiende de fronteras, burocracia ni vetos de última hora.
Ella solo sabe de sol, de manos callosas que labran el porvenir y de ese milagro verde que, al final de la zafra, se tiñe de un amarillo encendido y dulce.
El mango banilejo no es solo un producto de exportación; es el alma de una provincia colgada de sus ramas.
Hoy, sin embargo, esa dulzura se ha vuelto ceniza en la boca de un centenar de productores locales.
El portazo intempestivo de los Estados Unidos, justificándose en el vuelo silencioso y destructivo de la Mosca Caribeña de la Fruta, ha caído como una plaga peor sobre la economía agraria.
En el tramo final de la cosecha, cuando los agricultores ya contaban el fruto de su sudor para saldar deudas y asegurar el pan del próximo año, el mercado norteamericano se ha blindado.
El impacto no es una simple cifra macroeconómica; es una herida abierta que sangra un millón y medio de dólares.
Noventa millones de pesos que no llegarán a los hogares banilejos, sino que se pudrirán en la incertidumbre.
La consecuencia interna ha sido inmediata y devastadora: una tormenta de sobreoferta que ha desplomado a la mitad el precio del mango en las calles dominicanas.
Lo que para el consumidor urbano es una bendición barata, para el campo es un réquiem.
Ver caer el valor de tu esfuerzo al 50 % es ver cómo se devalúa tu propia vida y tu trabajo ante la mirada impasible de las autoridades.
Este veto no solo expone la vulnerabilidad de nuestros productores frente a las estrictas (y a veces desmedidas) exigencias del gigante del norte, sino también la fragilidad de un sistema de sanidad vegetal local que debió ser un escudo y terminó siendo un colador.
No se puede proteger el campo solo cuando la crisis estalla en los titulares.
Mientras los escritorios oficiales se llenan de memorandos y lamentos técnicos, las cajas de mangos se acumulan en los centros de acopio como monumentos a la impotencia.
Baní hoy huele a fruta madura y a desesperación.
Si el Estado no sale al rescate inmediato de este centenar de familias con un plan de contingencia real y subsidios directos, el veto no solo habrá frenado unos contenedores en el puerto; habrá marchitado, quién sabe si para siempre, el porvenir del oro dulce de nuestra tierra.
