Por Manuel Antonio Vega
El presidente Luis Abinader se ha montado en una carrera sin kilómetros y en una peligrosa adicción al crédito internacional y la opacidad del gasto, que colocan en un ascenso descomunal la deuda externa del país, al contar con el Poder Legislativo, que todo los envíos lo aprueba hasta sin revisar.
La aprobación en el Senado de la República de dos nuevos préstamos internacionales por un monto combinado de 600 millones de dólares vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿hasta cuándo resistirá la economía dominicana el ritmo de endeudamiento del actual Poder Ejecutivo?
Bajo las nobles consignas de la «acción climática» y el «desarrollo sostenible», la administración del presidente Luis Abinader continúa recurriendo de forma sistemática al financiamiento externo. Sin embargo, la brecha entre los millones de dólares que se firman en las oficinas internacionales y las realidades tangibles que percibe el ciudadano de a pie es cada vez más alarmante.
Millones verdes, resultados invisibles
En su última sesión, la mayoría oficialista aprobó a vapor, en única discusión, dos financiamientos de envergadura:
US$200 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinados supuestamente a «fomentar la acción climática» y otorgar liquidez presupuestaria.
US$400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa de agua potable y saneamiento en la zona turística de Punta Cana y Bávaro, bajo la ejecución de Inapa.
Nadie en su sano juicio se opondría a mejorar el acceso al agua potable o a proteger los recursos hídricos en polos turísticos vitales.
Tampoco se cuestiona la necesidad global de mitigar el cambio climático. Lo que se cuestiona —y con justa razón— es el método y la alarmante falta de rendición de cuentas.
Como bien señaló la bancada de la Fuerza del Pueblo al votar en contra, el país ya acumula cerca de 1,400 millones de dólares aprobados exclusivamente para contrarrestar los impactos climáticos, sin que hasta la fecha se refleje de manera fehaciente en qué se han invertido esos fondos.
¿Dónde están las obras de resiliencia? ¿Dónde se siente esa inversión estructural cuando caen las tormentas de temporada y colapsan nuestras principales ciudades?
Un récord histórico de endeudamiento
La denuncia del senador Eduard Espiritusanto resuena con fuerza y números difíciles de ignorar: en casi seis años de gestión, el partido oficialista acumula un histórico volumen de endeudamiento que supera los 50,000 millones de dólares.
Esta cifra convierte a la presente administración en la que más ha hipotecado el futuro de la República Dominicana en un periodo de tiempo similar.
El argumento recurrente de usar los préstamos internacionales como «apoyo presupuestario» (es decir, dinero directo a las arcas del Estado para dar liquidez) se ha convertido en una muletilla peligrosa.
Tomar prestado para amortiguar el día a día o para financiar burocracia transmedial —como la prometida «transversalización de la acción climática en la gestión pública»— no es una estrategia de desarrollo sostenible; es, lisa y llanamente, insostenibilidad financiera a largo plazo.
El peligro de la «borrachera» crediticia
El mayor riesgo de esta política de endeudamiento es el costo de oportunidad y la carga fija que representará para las próximas generaciones de dominicanos.
Cada dólar aprobado hoy con 23 votos a favor en el Senado es un dólar que mañana restará margen de maniobra a los servicios públicos esenciales, a la salud y a la educación real, debido al peso del servicio de la deuda externa.
La paradoja del progreso financiado: No se puede construir un país verdaderamente resiliente e independiente basando su liquidez en el constante auxilio de la banca multilateral.
La indignación de la oposición y de gran parte de la sociedad civil no nace del capricho político, sino del legítimo reclamo de transparencia.
Si el Gobierno «no para en coger prestado», lo mínimo que merece el pueblo dominicano es que cada centavo sea auditado, visibilizado y traducido en infraestructuras que no se diluyan con la próxima lluvia.
Seguir por el camino de los 50,000 millones de dólares sin auditoría social clara es caminar con los ojos cerrados hacia un precipicio fiscal.
¿Cuando Abinader parará el coger prestado?
