Por Manuel Antonio Vega
El siglo XX dominicano quedó marcado a fuego y sangre por una paradoja trágica: mientras las cúpulas del poder pregonaban la defensa del «orden legalmente constituido», las calles y campos del país se convertían en escenarios de cacerías humanas. Durante las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo y el posterior régimen de los 12 Años de Joaquín Balaguer, hermano ideológico de aquella maldad originaria, el Estado dominicano ejecutó una política sistemática de exterminio contra todo aquel que osara comulgar con el pensamiento de izquierda, etiquetado convenientemente bajo el frío epíteto de «comunista».
Eran tiempos de terror desbocado y pravedad. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad no actuaban como garantes de la soberanía, sino como brazos ejecutores de regímenes totalitarios.
Bastaba la mera sospecha de ser desafecto al gobierno para convertirse en blanco de persecuciones, torturas y muertes.
A casi un siglo del inicio de aquellos episodios trágicos, la sociedad dominicana aún padece una deuda histórica de sangre: todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos jóvenes fueron acribillados, ahorcados, sepultados en fosas comunes o simplemente borrados de la faz de la tierra sin dejar rastro.
Hoy, miles de familias dominicanas siguen sin saber dónde fueron a parar los huesos de sus seres queridos.
Entre esos están los hermanos Malé y Cerafín Santana Vilorio y su amigo de imfortunio, Juan Zorrilla, quienes fueron secuestrado, torturados y los cuerpos levantados por militares y nunca entregado a sus familiares en Hato Mayor. Eran acusado de comunistas.
¿Cuál era el pecado de aquella juventud?
En su gran mayoría, los llamados comunistas de la época luchaban por un idealismo que hoy, a la distancia, desnuda las profundas miserias de aquellos regímenes.
Buscaban una doctrina política, económica y social que pretendía eliminar las abismales brechas de clases y transformar los medios de producción, fábricas, tierras y recursos, en bienes colectivos.
En un país empobrecido y amordazado, se emplearon a fondo por la justicia social, las libertades públicas y la distribución de la riqueza según las necesidades de la gente.
Sin embargo, la respuesta del poder centralizado no fue el debate de ideas, sino el plomo.
La maquinaria militar no discriminó.
Mataron a dirigentes estudiantiles, líderes campesinos y obreros. Pero con especial saña, embistieron contra los periodistas.
Casos emblemáticos como los cercos militares a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el trágico asesinato de la estudiante Sagrario Ercira Díaz Santiago durante el balaguerato, son apenas la punta del iceberg de una estrategia que buscaba ahogar la inteligencia y el pensamiento crítico.
Ante la reconstrucción de esta memoria histórica, la postura de un ciudadano consciente debe ser categórica: hay que rechazar siempre y sin matices todo tipo de régimen totalitario, sin importar las banderas o las ideas en que diga sustentarse.
Cuando un sistema político rechaza, como el diablo a la cruz, la imprescindible expresión pluralista de las ideas y se niega a concebir la complejidad de la persona humana, degenera inevitablemente en tiranía.
Por ello, el hombre de pluma, aquel que vierte sus ideas en el papel, tiene el deber moral ineludible de oponerse a la censura y a la opresión, ya sea esta de origen nacional o extranjera.
Mirando retrospectivamente la era de Trujillo, resalta el absurdo totalitario: las ideas de los militares eran armas para asesinar.
Pero cabe preguntarse: ¿a quién mata un periodista escribiendo?
La palabra no fusila; la palabra despierta.
Aunque los escenarios históricos han cambiado y hoy gozamos de una democracia formal, las instituciones armadas del Tercer Mundo arrastran herencias peligrosas.
Persiste en ciertos estamentos militares un rancio requemor contra los periodistas que mantienen una actitud crítica frente al gobierno de turno.
El apoyo militar sigue siendo, en la sombra, un pilar básico para el sostenimiento del poder político, influyendo de manera indirecta en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El peligro actual no es la bota militar evidente de los años setenta, sino el sutil y lento deslizamiento de los militares hacia funciones que competen exclusivamente a la arena política.
Por más que los discursos oficiales intenten negarlo, en la República Dominicana se sabe que dentro de las Fuerzas Armadas coexisten tensiones latentes.
Junto a los militares institucionalistas y no alienados, conviven facciones enfrentadas que miran de reojo el devenir civil.
Escribir sobre estas líneas de fractura y recordar los crímenes del pasado no es un ejercicio de revanchismo, sino una obligación democrática.
Simplemente escribo lo que considero que los dominicanos no pueden, ni deben, seguir ignorando.
La libertad de la que hoy disfrutamos se sostiene sobre los cadáveres de una generación que fue exterminada por pensar diferente; descuidar la vigilancia frente al poder de las armas es el primer paso para repetir nuestra propia historia.
