Por Manuel Antonio Vega
Rafael Leónidas Trujillo Molina, el sanguinario dictador que gobernó durante tres décadas la República Dominicana, parecía carecer de sensibilidad humana. A lo largo de su prolongada tiranía, diseñó y perfeccionó la maquinaria de represión más brutal de la historia dominicana, mediante la cual, a fuerza de disparos, torturas y persecución sistemática, eliminó a todo aquel que se opusiera a su régimen o representara la mínima sospecha de disidencia.
Fue un criminal imperturbable que supo rodearse de hombres de su misma calaña, dispuestos a obedecer ciegamente sus órdenes extremas.
Sin embargo, esta vocación criminal no surgió de forma espontánea cuando asumió el poder absoluto. Trujillo asimiló la lógica de la violencia y la represión durante la ocupación militar estadounidense (1916-1924). Como miembro de la Guardia Nacional creada por los marines norteamericanos, aprendió los métodos tácticos de control social y el uso desmedido de la fuerza, herramientas que perfeccionó en la campaña contra los campesinos insurgentes conocidos como los «Gavilleros del Este».
Al salir las tropas de ocupación, Trujillo conservó esa impronta autoritaria y organizó bandas paramilitares para impulsar sus ambiciones políticas.
La banda «La 42» y la institucionalización del terror
En su obra Militares, el contraalmirante Eurípides Antonio Uribe Peguero explica cómo Trujillo estructuró un grupo paramilitar encargado de cometer actos vandálicos y ejecuciones extrajudiciales vinculados a su proyecto político.
La agrupación, conocida popularmente como «La 42», estuvo integrada por un contingente de matones y criminales dedicados a aterrorizar a la oposición durante la campaña electoral de 1930.
El mando directo de esta banda recayó en Miguel Ángel Paulino, oriundo de San Pedro de Macorís, a quien el propio Trujillo ascendió al rango de mayor del Ejército Nacional.
Bajo la fachada de agrupaciones como «Los Veteranos» o la «Brigada 43», esta escuadra desató una ola de violencia sin precedentes en los inicios de la tiranía, dejando un rastro de muertos, desaparecidos y heridos con secuelas permanentes.
Cuando los crímenes no eran ejecutados directamente por los colaboradores más allegados al tirano, se emitían órdenes precisas a estas bandas de esbirros.
En la región Este y en otras zonas del país, las encomiendas más brutales eran delegadas a hombres de extrema frialdad, entre los que destacaban Félix W. Bernardino, José Estrella, Federico Fiallo y Joaquín Cocco, entre otros reconocidos perseguidores al servicio del régimen.
Un libreto sangriento: simulacros, emboscadas y delación
Para encubrir su responsabilidad en los asesinatos de figuras incómodas, la tiranía diseñó un método recurrente, que consistía en simular accidentes, asaltos o supuestos «intercambios de disparos».
En otros casos, los expedientes se cerraban atribuyendo la autoría a «desconocidos».
El sistema judicial, totalmente amedrentado e intimidado, no se atrevía a investigar ni a procesar a los responsables, conscientes los jueces de que indagar en esos casos equivalía a firmar su propia sentencia de muerte.
Los crímenes políticos no se limitaron a dirigentes opositores; alcanzaron a familias enteras. Un ejemplo trágico ocurrió el 1 de junio de 1930 en San José de las Matas, donde fueron asesinados el político Virgilio Martínez Reyna, su esposa embarazada y una sirvienta.
Por esta masacre se acusó al oficial Luis Silverio Gómez y al general José Estrella, este último jefe militar en Santiago, a quien Trujillo percibía como una traba para consolidar su hegemonía en el Cibao.
Poco después cayó el caudillo opositor Cipriano Bencosme en Moca, en una operación atribuida al oficial Ostacilio Peña y a varios rasos del ejército, previa red de vigilancia y delación organizada desde el poder. De igual manera, en San Francisco de Macorís fue acribillado en plena vía pública el opositor José Paredes por supuestos «desconocidos».
A pesar de que los ejecutores fueron identificados por la población, ningún tribunal se atrevió a incoar un expediente.
Situación similar vivió el general Alberto Larancuent, acribillado en el Parque Colón de Santo Domingo el 27 de septiembre de 1930 por sicarios nunca identificados formalmente.
Con el tiempo, Trujillo continuó recurriendo a figuras de su entera confianza para tareas letales, como el general Ludovino Fernández. Irónicamente, Fernández, quien encabezó la ejecución de los asaltantes del Royal Bank en Santiago en 1954, terminó asesinado en San Juan de la Maguana el 14 de abril de 1958 a manos del mayor Luis Ney Lluberes, motivado por desavenencias tras sufrir degradaciones por parte del dictador.
Las pugnas internas también borraron a altos oficiales sospechosos de conspiración.
En 1934, el régimen silenció al coronel Leoncio Blanco en la cárcel de Nigua; al capitán Aníbal Vallejo en 1938; y al general Ramón Vásquez Rivera, quien murió en extrañas circunstancias dentro de la Fortaleza Ozama en 1940.
Todos ellos habían intentado articular movimientos para frenar la reelección de Trujillo.
La Masacre de 1937 y el alcance internacional del terror
El episodio más espantoso e inexcusable del régimen trujillista fue la erradicación masiva de población haitiana en 1937, acontecimiento conocido como «El Corte» o la «Masacre del Perejil».
Durante esta operación, el Ejército y la Policía Nacional, respaldados por presidiarios y criminales excarcelados con la promesa de indulto, ejecutaron a miles de hombres, mujeres y niños haitianos en la zona fronteriza.
Bajo el pretexto de defender la soberanía nacional y contener la migración desenfrenada, el dictador desató un exterminio étnico que evidenció el carácter xenófobo y racista de su ideología.
Las estimaciones históricas señalan que las víctimas mortales contaron por miles, dejando una mancha indeleble en la historia del Caribe.
El aparato de inteligencia y sicariato de Trujillo no se limitó al territorio nacional.
Su brazo operador llegó hasta Cuba, donde ordenó secuestrar al líder sindical cañero, Mauricio Báez, acción criminal registrada el 8 de diciembre de 1950. El encargo de la ejecución le fue ordenado a Casimiro Eugenio Rodríguez.
Este asesino absuelto fue contratado por el propio Trujillo, según la prensa cubana de la época.
«El asesino secuestraría al sindicalista dominicano, lo transportaria
a Santo Domingo y entregaría a Trujillo, quien dispondría de su muerte por sus actividades a favor de los obreros de la caña en San
Pedro de Macoris y La Romana», se Lee en el libro de Uribe Peguero.
En esa acción criminal se vinculó al funesto personaje, Félix W. Bernardino,
quien era diplomático en en aquella nación.
Entre la lista de muertos y desaparecidos estaba el periodista y escritor
Andrés Requena, un opositor a Trujillo, silenciado en Nueva York el 2 de octubre de 1952. Era un acervo crítico al régimen.
Llegó a escribir el libro » Cementerio Sin Cruces», donde iba enumerando los asesinatos y desapariciones en la dictadura.
Este y otros crímenes fueron ejecutados por Félix W. Bernardino, quien secuestró a Jesús de Galíndez en Nueva York el 12 de marzo de 1956.
También Bernardino el 4 de mayo de 1960 se llevó de este mundo a José Almoina Mateo, en México, con la ayuda de sicarios cubanos.
Nadie ha llegado a precisar el número de muertes en la dictadura, pero fueron
cientos de crímenes en tres décadas.
Muchos criminales fueron liberados para cumplir las órdenes emanadas por el sátrapa.
Excarcelaban criminales para integrarlos a los cuerpos
militares, para encargarle tareas de asesinatos.
El general José Estrella fue vinculado a muchos hechos criminales, entre
ellos, su posible participación en la muerte de Virgilio Martinez
Rey.
Johnny Abbes García, quien ostentaba el rango de coronel fue el más célebre y sanguinario de los
criminales en la Era de Trujillo, llegando a ser jefe del SIM, utilizado por el tirano para suprimir a opositores.
Fueron tres décadas de espantos, dónde se actuó con pravedad, con grado exceso de maldad contra quienes se opinión al régimen sanguinario.
