Por Manuel Antonio Vega
El pragmatismo y el idealismo político no son meras categorías conceptuales en el desarrollo intelectual de los gobernantes; representan polos opuestos cuyas diferencias resultan abismales para la salud democrática e institucional de una nación. En una sociedad como la dominicana, donde históricamente los discursos estridentes saturan las portadas de los periódicos mientras los servicios ciudadanos esenciales languidecen por falta de una política eficaz de planificación, el estilo de liderazgo define el destino de la República.
Al contrastar la figura histórica de Joaquín Balaguer Ricardo con la gestión contemporánea de Luis Abinader, se evidencia una desconexión fundamental entre el decir y el hacer, planteando una interrogante crucial: ¿qué es más nocivo para un pueblo, el cálculo frío plasmado en acciones contundentes o la parálisis gubernamental camuflada en promesas mediáticas?
Joaquín Balaguer dominaba el arte de la escasez verbal. Su estilo sembraba un efecto capicúa en el imaginario colectivo: hablaba poco, pero cuando lo hacía, ponía en vilo a toda la nación.
El país se detenía a escuchar sus alocuciones, buscando entre líneas la destitución de un funcionario, la solución de un conflicto o la directriz de un plan nacional. Balaguer no cedía ante la presión de los medios de comunicación; gobernaba desde un aislamiento estratégico y solo prestaba atención quirúrgica a críticas punzantes y de alto calibre intelectual, como los escritos mordaces del asesinado periodista Orlando Martínez.
Por el contrario, Luis Abinader encarna la hiperactividad discursiva. Su estrategia de comunicación política se ha basado en la sobreexposición, llegando a institucionalizar un encuentro semanal con la prensa denominado «La Semanal con la Prensa». Sin embargo, la saturación de palabras ha comenzado a generar el efecto inverso: un desgaste de la figura presidencial.
Ahí radica la diferencia medular:
Balaguer respondía con acciones; Abinader, con frecuencia, lo hace desde la inacción.
Frente a crisis institucionales o demandas sociales urgentes, el gobierno actual suele limitarse a la pasividad o a la evacuación de promesas macroeconómicas difíciles de convertirse en una realidad palpable para el ciudadano de a pie.
Economía, empleo y la «transfusión» internacional
A pesar de los constantes anuncios oficiales sobre la instalación de nuevas empresas en los parques de zonas francas y las cifras alegres de crecimiento macroeconómico, los sectores populares continúan atrapados en el desempleo formal y la precariedad laboral.
El relato de la bonanza choca de frente con una realidad percibida por críticos y analistas: una constante transfusión de recursos hacia el exterior. A través de un endeudamiento agresivo y concesiones que favorecen al capital transnacional, se percibe que los denominados «vampiros internacionales» se van apoderando, paulatinamente y de pasito a pasito, de los resortes de la economía interna y de las riquezas naturales del país, ensanchando la brecha de la desigualdad.
Seguridad ciudadana e institucionalidad en clave de contraste
Uno de los paralelismos más sombríos y alarmantes se encuentra en la política de seguridad y el uso de la fuerza del Estado:
El régimen balaguerista: Perseguía, encarcelaba y exiliaba de forma dirigida a los desafectos políticos, disidentes y cuadros de la izquierda bajo una lógica de control ideológico represivo.
La actualidad bajo Abinader: La violencia parece responder a una descomposición del orden público. La Policía Nacional es señalada por la ejecución de los tristemente célebres «intercambios de disparos», una práctica que acribilla a la juventud barrial bajo el estigma generalizado de que todo joven de sector vulnerable es un delincuente.
Paralelamente, la delincuencia común mantiene ahogada la seguridad ciudadana y el narcotráfico muestra músculos alarmantes.
Si bien es cierto que las autoridades exhiben cifras récord en la incautación de sustancias ilícitas, la lectura crítica de este fenómeno sugiere que los decomisos aumentan simplemente porque está ingresando una cantidad significativamente mayor por vía marítima, por las fronteras y mediante aeronaves que aterrizan en medio de los cañaverales o bombardean cargamentos en las costas, los cuales son posteriormente recogidos por convoyes blindados con hombres fuertemente armados.
La Ilusión de la democracia y el monopolio del poder
A pesar de que Luis Abinader prometió enrumbar al país por los senderos de una democracia representativa y descentralizada, los hechos en este segundo período muestran una concentración absoluta del poder a su alrededor. El Poder Ejecutivo goza hoy de un control indiscutible sobre las cámaras legislativas (Senado y Cámara de Diputados) y cuenta con una holgada mayoría en los gobiernos locales (Alcaldías).
Sin embargo, este monopolio del poder político no se ha traducido en estrategias estructurales eficaces ni en un plan de nación capaz de canjear la miseria estructural por bonanza colectiva. Las ejecutorias gubernamentales se diluyen y carecen de tangibilidad frente a un poder fáctico que sigue dictando las reglas del juego económico.
El descontento ha comenzado a desbordar los despachos oficiales y se traslada a las calles. En un hecho inédito, las protestas y reclamos laborales ya no provienen únicamente de las bases populares, pues magistrados y servidores judiciales han escenificado demandas exigiendo mejores condiciones presupuestarias y laborales.
Servidores públicos y pensionados: Policías en retiro y pensionados se han apostado a las puertas del Palacio Nacional reclamando el pago de meses de salarios devengados y deudas acumuladas.
Gremios tradicionales den profesores, médicos, choferes y organizaciones comunitarias han reactivado huelgas y movilizaciones en todo el territorio nacional exigiendo el cumplimiento de obras de infraestructura prometidas.
A este panorama se suma la crisis migratoria y la llamada «haitianización» del territorio.
Para los sectores críticos, las cifras oficiales de repatriaciones masivas constituyen una burda mentira propagandística.
En la práctica, se denuncia la existencia de un negocio de extorsión donde agentes migratorios corruptos engordan sus bolsillos deteniendo a extranjeros indocumentados para luego liberarlos a mitad de camino a cambio de dinero en efectivo.
Infraestructura inconclusa y la fosa financiera
La falta de planificación eficaz se hace evidente en el letargo de las infraestructuras viales prometidas para catapultar el desarrollo de regiones clave. Un ejemplo fehaciente es la región Este, donde ejes viales prometidos siguen sin concretizarse a plenitud:
La carretera Hato Mayor – Sabana de la Mar; el tramo Hato Mayor – El Puerto – Bayaguana;
la autopista turística destinada a empalmar la Autovía del Coral con Miches.
Mientras las obras civiles avanzan a cuentagotas, lo único que crece a un ritmo vertiginoso es la deuda pública. La deuda externa del Sector Público no Financiero (SPNF) de la República Dominicana, aprobada por
el Congreso Nacional al gobierno del presidente Luis Abinader por un monto que supera los US$50,000 millones en diversos contratos de endeudamiento y bonos. Estos recursos han sido destinados a través de múltiples partidas anuales y proyectos específicos para cubrir déficits presupuestarios y financiar obras de infraestructura.
Total de Deuda Pública: Al corte oficial más reciente, el saldo de la deuda externa e interna del Sector Público No Financiero (SPNF) totaliza unos US$66,388.5 millones (aproximadamente el 49.3% del PIB).
Aprobaciones Recientes (2025-2026): Solo en el 2025, el Congreso aprobó endeudamientos que superaron los US$1,433 millones. Durante el 2026, el Congreso aprobó que el Estado pudiera endeudarse en más de RD$401,767 millones para garantizar la cobertura del presupuesto anual, además de múltiples paquetes de préstamos específicos (como un paquete de US$1,230 millones para acción climática) y financiamientos de hasta US$600 millones para obras de agua potable.
Destino de los Fondos: Los montos aprobados han servido, según el Gobierno, para apoyar el presupuesto general, así como para financiar proyectos viales, energía eléctrica, transporte, agua potable, saneamiento universal y el sector agropecuario. Nadie ve esas inversiones en los barrios y comunidades.
Este endeudamiento desenfrenado amenaza con conducir a la nación hacia una fosa financiera de dimensiones sistémicas, comprometiendo la soberanía económica de las futuras generaciones.
Deudas de Balaguer
Al finalizar su último período de gobierno en 1996, el Dr. Joaquín Balaguer entregó una deuda externa de aproximadamente US$3,807.3 millones.
Durante sus distintos mandatos, la deuda evolucionó de la siguiente manera:
Período de los 12 años (1966 – 1978): Al asumir el poder en 1966 encontró la deuda en US$136.9 millones y al dejarla en 1978 ascendía a cerca de US$987.4 millones.
Período de los 10 años (1986 – 1996): Recibió el gobierno en 1986 con una deuda de US$3,687 millones y la entregó en 1996 en US$3,807.3 millones, representando un crecimiento mínimo durante esa década.
Un gobierno que envejece con sus deudas
Parecería que al gobierno de Luis Abinader se le ha esfumado la buena fama y el aura de cambio que lo rodeó durante su primer mandato presidencial.
Las deudas sociales acumuladas e insatisfechas se hacen cada día más viejas y pesadas, sin que se vislumbren en el horizonte acciones contundentes para pacificar y dar respuesta real al pueblo.
Al igual que esas promesas históricamente postergadas, la actual gestión parece ir envejeciendo prematuramente bajo el peso de sus propias omisiones.
El contraste es definitivo: mientras Balaguer administraba el Estado con un pragmatismo autocrático, frío y ejecutor, la administración actual corre el riesgo de ser recordada como el gobierno de la retórica constante, las deudas más grandes y las ejecutorias invisibles.
