Por Manuel Antonio Vega
El distrito municipal de Mata Palacio, en la provincia de Hato Mayor, es una tierra de estirpe heroica. Sus campos fueron escenario de cruentas luchas durante la Restauración de 1865 y la resistencia contra la ocupación yanqui entre 1916 y 1924. Sin embargo, a pesar de sus invaluables aportes a las libertades democráticas de la República Dominicana, esta demarcación —elevada a distrito municipal mediante la Ley No. 93-2000— parece haber sido condenada al olvido y al estancamiento por los sucesivos gobiernos.
Hoy, Mata Palacio grita con indignación y urgencia por dos derechos fundamentales que le han sido negados sistemáticamente: agua potable y vías de comunicación dignas.
Es una ironía cruenta que una comunidad rodeada de recursos hídricos carezca de un sistema de agua por tuberías permanente.
Sus habitantes, distribuidos en bateyes y comunidades circunvecinas, padecen una crisis de desabastecimiento feroz, cuando el río Higuamo bien podría ser la solución salomónica para un acueducto moderno.
El agua no es un lujo; es una necesidad vital para la supervivencia humana.
A esto se suma el calvario vial.
El 15 de enero de 2022, el presidente Luis Abinader prometió públicamente la construcción de la carretera que empalmaría a Mata Palacio con la vía Hato Mayor – El Puerto. En ese entonces, el propio jefe de Estado reconoció que la obra dinamizaría la economía, revalorizará las tierras, reduciría los costos de transporte y evitaría accidentes.
Han pasado los años, y las palabras se las ha llevado el viento.
La realidad actual es intransitable. Cuando el cielo se nubla, el fantasma del aislamiento se apodera de la zona.
Las lluvias transforman los caminos en lagunas intransitables, obligando a suspender las clases para que los docentes puedan huir a salvo hacia Hato Mayor antes de quedar atrapados.
¿Cómo puede una región subirse al tren del desarrollo si sus niños no pueden estudiar cada vez que llueve?
Lo más incomprensible de esta desidia estatal es que la carretera es una obra de bajo costo: la topografía no exige la construcción de puentes sobre ríos ni arroyos; bastaría con badenes y alcantarillas debidamente planificadas.
No hay excusa económica que valga.
El impacto positivo beneficiaría a más de 20 comunidades, entre ellas Morquecho, Quisqueya Verde, Los Vásquez, La Javilla, Batey UCE, La Trepada, Monte Firme…
El reclamo es claro: No podemos permitir que estas demandas legítimas terminen sepultadas en el cómodo saco de las promesas incumplidas de campaña.
Las autoridades de la provincia de Hato Mayor tienen que «ponerse los pantalones largos», abandonar la apatía de escritorio y unirse con determinación al reclamo de sus representados.
Es hora de elevar la lucha. Mata Palacio no pide dádivas; exige justicia histórica, dignidad y desarrollo.
El Gobierno central debe pasar de la retórica a los hechos.
¡La carretera y el agua para Mata Palacio tienen que ser una realidad ya!
