Por Manuel Antonio Vega
La paz social de una nación no es un estado permanente; es un equilibrio frágil que se sostiene sobre la capacidad de un gobierno para escuchar el pulso de sus calles. Hoy, República Dominicana se encuentra en un punto de ebullición donde confluyen la inflación, el congelamiento asfixiante de los combustibles y una aparente indolencia estatal. La pregunta ya no es si estallarán los reclamos sociales, sino cuándo y con qué intensidad.
Atribuir la legítima protesta popular a una simple «agitación de la oposición» es el recurso más viejo del manual político, pero también el más peligroso.
La realidad que se vive en los barrios, en las rutas del transporte y en las mesas de los profesionales no es un fantasma electoral: es una crisis de subsistencia.
El laberinto del transporte, está entre la asfixia operativa y el bolsillo popular.
El anuncio del incremento en las tarifas de los pasajes en al menos 47 rutas urbanas, suburbanas e interurbanas es el síntoma más reciente e inmediato de una enfermedad sistémica. El sector transporte se ha convertido en el espejo de una contradicción macroeconómica insostenible, que prohijaneste gibierno.
Por un lado, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), liderada por Juan Marte, justifica un aumento de entre RD5,RD10 y RD$25. La razón es cruda: casi diez meses absorbiendo alzas en neumáticos, lubricantes, repuestos y, fundamentalmente, unos combustibles que se niegan a bajar.
El argumento de Marte es demoledoramente lógico, pues si el precio internacional del petróleo da un respiro tras las tensiones en Medio Oriente, ¿por qué el Gobierno local mantiene los precios congelados en el tope?
Los beneficios de la baja internacional se quedan en las arcas del Estado, en lugar de transferirse al ciudadano.
Por el otro lado, la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), encabezada por Gervasio de la Rosa, asume una postura de resistencia ética: la clase trabajadora no aguanta un golpe más.
De la Rosa tiene razón al advertir que los usuarios no han recibido aumentos salariales proporcionales para mitigar este impacto.
Este choque de posturas revela una verdad incómoda.
Para los choferes: Trabajar a pérdida es una ruta directa a la quiebra, mientras que
para los usuarios, el aumento del pasaje desmantela el ya devaluado presupuesto de la canasta familiar.
Para el Gobierno: Una preocupante ausencia de supervisión y una política de subsidios estatales que, según denuncian los gremios, simplemente no llega a quienes están al volante.
Mucho más que combustible, el país vive, vive una crisis multidimensional.
El descontento actual no se limita a las terminales de autobuses. El malestar es transversal y toca fibras extremadamente sensibles de la dignidad humana y laboral en el país.
Los profesionales agropecuarios olvidados, mientras hombres y mujeres con más de 30 años de servicio que hoy se encuentran envejecidos, desprotegidos y exigiendo pensiones dignas y aumentos salariales prometidos.
La respuesta estatal, lejos del diálogo, ha rozado la represión de quienes producen lo que nos comemos. Han reprimido y lanzados bombas con los profesionales agropecuarios.
La inseguridad y la sangre joven: La alarmante normalización de supuestos «intercambios de disparos» donde la juventud de los barrios vulnerables termina aniquilada a tiros.
La justicia y la seguridad ciudadana no pueden medirse con el gatillo alegre de la fuerza pública.
El costo de la vida
La canasta básica familiar se ha vuelto un artículo de lujo, mientras el poder adquisitivo se diluye ante la mirada impasible de las autoridades.
Actualmente existe una desconexión gubernamental, pues el gran error de la actual gestión es la amnesia selectiva.
No se puede gobernar ignorando las promesas de campaña ni pretendiendo que el silencio o la propaganda tapen el ruido de los estómagos vacíos y los bolsillos rotos.
El gobierno de Luis Abinader debe enderezar ahora para no torcerse después, ya que gobernar no es administrar la bonanza; es tener la sensibilidad y la muñeca política para timonear la crisis.
El gobierno se ha mostrado, a todas luces, sordo ante el reclamo inflacionario y mudo a la hora de dar explicaciones transparentes sobre la fórmula de los carburantes.
Las huelgas y movilizaciones que se vislumbran en el horizonte, coordinadas por fuerzas transportistas, movimientos barriales y gremios profesionales, no son un capricho político. Son el resultado natural del abuso y de la falta de canales reales de concertación.
El presidente y su gabinete económico deben entender que la paciencia del pueblo tiene un límite bien definido.
Es mejor enderezar el rumbo ahora, mediante el subsidio real, la rebaja justa de los combustibles y el cumplimiento de la palabra empeñada, que ver cómo se tuerce definitivamente la paz social de la nación mañana.
La pelota está en su cancha; el tic-tac del reloj social ya empezó a sonar.
