SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, sometió al Congreso Nacional un proyecto que busca frenar la corrupción en las instituciones del Estado.
La iniciativa busca castigar las violaciones al artículo 146 de la Constitución y crear un organismo que persiga y controle la corrupción administrativa.
En el artículo cuatro de la pieza se denomina actos de corrupción a la sustracción de fondos públicos por parte de los funcionarios y los empleados públicos.
Establece que las personas que cometan ese delito serán sancionadas con penas de tres a 10 años de reclusión y se ordenará la confiscación o decomiso de los bienes sustraídos.
Asimismo, indica que les serán aplicadas las mismas sanciones si se les comprueba un incremento desproporcional de sus ingresos legítimos sin que pueda justificarlo.
Las infracciones consignadas en la iniciativa prescribirán a los 10 años de haber ocurrido el hecho.
Precisa, además, que serán sancionadas con penas de 3 a 10 años de reclusión y multas que duplican los valores sustraídos.
Agrega que, luego de terminado el juicio preliminar, una autoridad judicial competente ordenará que los recursos vayan a una cuenta especial del Banco de Reservas a nombre del imputado, con la debida oposición de parte de la Procuraduría General de la República hasta que haya una decisión judicial definitiva.
La ley prohíbe el uso de esos bienes por parte de las autoridades encargadas de la investigación, entre otros aspectos.
