Por Manuel Antonio Vega
La naturaleza no negocia con nadie, pero el Estado sí puede prevenir.
Lo ocurrido en el proyecto arrocero AC/86 Magua-Las Cañitas, en Sabana de la Mar, no es solo un desastre natural; es el síntoma de una política agropecuaria que suele reaccionar ante las cenizas (o el lodo) en lugar de proteger la siembra.
El desbordamiento del río Magua ha sepultado bajo el agua turbia unas 3,000 tareas de arroz que estaban listas para la siega.
No se perdió solo grano; se perdió el sustento de cientos de familias, la educación de los hijos de la región y la estabilidad económica de una zona que respira a través de sus parcelas.
1Ahirs los productores de Sabana de la Mar tienen que enfrentarse a el ciclo cruel de la deuda, sin tener de qué echar mano.
El drama real no ocurre solo en la parcela inundada, sino en las libretas de ahorro, pues ahora el productor dominicano vive en un equilibrio precario:
Financiamiento agresivo: La mayoría opera con créditos del Banco Agrícola y la banca privada.
El agricultor asume el 100% del riesgo climático, mientras que las instituciones financieras, a menudo, tardan meses en reaccionar con esquemas de refinanciamiento.
Es inaceptable que, ante una catástrofe de esta magnitud, el campesino tenga que mendigar clemencia financiera.
La condonación de intereses o el desplazamiento de cuotas no debe ser un favor político, sino un protocolo automático de emergencia para la seguridad alimentaria nacional.
El olvido de la Muletas Oficial para construir Infraestructuras en los campos agrícolas es de olvido total.
Los reportes de los productores arroceros es claro: el río Maguá es «indomable».
Pero, ¿cuántas veces se ha solicitado el dragado de su cauce? ¿Cuántas veces se ha denunciado que los caminos de penetración son trochas de lodo imposibles de transitar ante la mínima lluvia?
La destrucción de los caminos no es culpa del río, es culpa de una planificación de infraestructura que termina en los límites de los centros urbanos, dejando al «pulmón agrícola» a merced de la intemperie.
Sin caminos, no hay evaluación de daños; sin evaluación, no hay ayuda.
Es un círculo vicioso de abandono.
Más allá de la foto en el Palacio Nacional, el llamado al presidente Luis Abinader no debe quedar en una comisión que visite la zona, se tome fotos con botas de goma y prometa soluciones que se disuelven cuando baja el nivel del agua.
La crítica es directa: El «silencio administrativo» que temen los parceleros es, históricamente, más letal que la inundación misma.
La burocracia no puede ser más lenta que el hambre.
Lo que se necesita hoy, no mañana:
Se requiere en lo inmediato un censo real por parte del Ministerio de agricultura; realizar una pausa financiera, congelando los intereses del Banco Agrícola para los afectados del Proyecto Agricola AC-86; intervención con maquinarias pesadas por parte del Ministerio de Obras Públicas , para rehabilitar los caminos de acceso.
También la implementaron de un Seguro Agrario, revisando la cobertura de Agrodosa, para que responda con agilidad.
Sabana de la Mar ha entregado su sudor al país a través del «grano de oro».
Hoy que ese oro está cubierto de lodo, el Estado tiene la obligación moral y económica de dar la cara.
La paz social de Hato Mayor depende de que el Gobierno entienda que el campo no puede ser dejado solo a su suerte cuando el río ruge.
Es hora de pasar de la «asistencia por desastre» a la «inversión por prevención».
De lo contrario, seguiremos escribiendo la misma columna de lamento cada temporada de lluvias.
