Por Manuel Antonio Vega
Las declaraciones del expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, realizadas desde Madrid, han vuelto a poner sobre la mesa el debate más sensible de la economía dominicana: la reforma fiscal. Al calificar las recientes propuestas gubernamentales como una «reforma fiscal disfrazada», Fernández sintoniza con un histórico rechazo popular hacia el aumento de las cargas impositivas, en un contexto donde la inflación y el costo de la vida siguen presionando los presupuestos familiares.
Sin embargo, para entender el peso de sus críticas, es crucial analizar el tortuoso camino que ha recorrido la administración del presidente Luis Abinader en su intento por reestructurar las finanzas del Estado, cumpliendo con el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) pero chocando repetidamente con la resistencia social.
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El debate actual no es un hecho aislado; es el resultado de un proceso de marchas y contramarchas que se ha intensificado en los últimos años.
El debate se divide entre la necesidad técnica del Estado de sostener el desarrollo y la realidad de los ciudadanos que sufren la pérdida de poder adquisitivo:
1. La Postura de la Oposición (Leonel Fernández y la FP)
El líder opositor argumenta que llamar a estas medidas «mitigación» o «ajustes de mercado» es un eufemismo.
Desde su perspectiva
falta de justificación: El Estado ha manejado presupuestos históricos sin solucionar problemas estructurales como las pérdidas en el sector eléctrico, el transporte y el agua potable.
Asegura que en el contexto económico internacional actual, sumarle presión tributaria a los sectores vulnerables y a la clase media es inviable.
Capitalización política: La FP utiliza el rechazo a estas medidas para consolidar su estructura de cara a los ciclos electorales del 2028, presentándose como el «escudo social» de los trabajadores y la diáspora.
2. La Justificación del Gobierno y Organismos Internacionales
Por otro lado, tanto el Ministerio de Hacienda como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostienen que la República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más bajas de la región (cercana al 13-14% del PIB).
Sus argumentos se basan en:
Sostenibilidad de la deuda y que el país necesita reducir su dependencia del endeudamiento externo para financiar el gasto corriente.
Inversión Pública y y cambio climático: Se requieren recursos urgentes para infraestructuras resilientes, cuyas pérdidas por tormentas e inundaciones promedian el 0.5% del PIB anual.
Para que el país alcance la calificación de Grado de Inversión en los mercados internacionales, los inversionistas exigen una base de ingresos tributarios más sólida y la reducción de exenciones fiscales (que representan cerca del 5% del PIB).
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Para mitigar el impacto político y social que tumbó la reforma del 2024, el actual paquete económico bajo discusión técnica se ha estructurado de forma diferenciada
El Desafío de la Confianza
Como bien señala Fernández en su alocución en Madrid, la ciudadanía dominicana reacciona con extrema sensibilidad a cualquier término que implique pagar más.
El gran reto del Gobierno actual no es solo demostrar la necesidad matemática de los recursos, sino convencer a la población de que cada peso recaudado se traducirá en una verdadera mejora de los servicios públicos, mayor transparencia y una drástica reducción del gasto superfluo en la administración del Estado.
Mientras esa confianza no se consolide, cualquier medida económica seguirá siendo catalogada por la oposición y percibida por el pueblo como otra «reforma fiscal disfrazada».
Lo ocurrido en el 2024
La propuesta de Ley de Modernización Fiscal, presentada por el Gobierno dominicano el 7 de octubre de 2024, tenía como meta recaudar unos RD$ 122,486 millones (aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto) para sanear las finanzas públicas, reducir la dependencia del endeudamiento y financiar obras de infraestructura esenciales.
Sin embargo, el proyecto tocó fibras muy sensibles de la economía doméstica y empresarial, lo que desató una ola de protestas y cacerolazos que obligó al presidente Luis Abinader a ordenar su retiro inmediato del Congreso apenas 11 días después, el 18 de octubre de 2024.
A continuación, se detallan los puntos clave de aquella propuesta y los motivos exactos por los que generó un rechazo prácticamente unánime.
1. Puntos clave de la propuesta de 2024
El proyecto planteaba una reestructuración profunda del sistema impositivo dominicano mediante cuatro ejes principales:
Ampliación de la base del ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios)
Unificación de la tasa: Se eliminaban las tasas reducidas existentes y se unificaba el ITBIS en un 18%, rebautizándolo como IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Eliminación de exenciones: Productos básicos de consumo masivo que tradicionalmente estaban exentos (como embutidos, carnes procesadas, lácteos, frutas y vegetales importados, café, azúcar, aceites, etc.) pasaban a estar gravados con el 18%. Solo quedaron exentos el pan, el arroz, el pollo, el huevo, la leche, el plátano y la yuca.
Cambios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Aumento a las rentas altas: Se introdujo un nuevo tramo impositivo del 27% para las personas físicas que percibieran ingresos anuales superiores a los RD$ 2.4 millones (unos RD$ 200,000 mensuales).
Congelación del mínimo exento: Se mantuvo sin indexar por inflación el umbral salarial exento de ISR, lo que significaba que la inflación seguiría empujando a los trabajadores de ingresos medios a pagar más impuestos.
Gravámenes a la Economía Digital y el Turismo de Plataformas
Se estableció de manera formal el cobro del 18% de IVA a los servicios digitales internacionales consumidos en el país (como Netflix, Spotify, Amazon, etc.).
Se aplicaba el ITBIS/IVA a los alquileres de viviendas a través de plataformas como Airbnb, equiparándolos a la tasa hotelera.
El punto más polémico para el sector privado fue la derogación o desmantelamiento gradual de los incentivos fiscales de varias industrias estratégicas:
Turismo (Ley de CONFOTUR): Eliminación de exenciones para nuevas inversiones turísticas.
Cine (Ley cinematográfica): Eliminación de los créditos fiscales que atraían producciones extranjeras y locales.
Industria y Textil (Proindustria): Recorte de incentivos a la competitividad industrial.
Impuestos Específicos (Bebidas, Vehículos y Propiedades)
Marbete único: Se propuso unificar el impuesto de circulación vehicular (marbete) en un pago único de RD$ 3,000 para vehículos de más de cinco años de fabricación y RD$ 6,000 para los de menos de cinco años, eliminando la distinción por valor real del automóvil.
Aumento del impuesto selectivo al consumo por litro de alcohol absoluto y un nuevo impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar.
Propiedad Inmobiliaria (IPI): Se redujo el umbral exento del IPI de RD$ 9.8 millones a RD$ 5 millones, lo que significaba que miles de viviendas de clase media que antes no pagaban este impuesto comenzarían a hacerlo.
2. ¿Por qué generó tanto rechazo?
El fracaso de la Ley de Modernización Fiscal no se debió a un solo sector, sino a una confluencia de factores que unió a la clase media, los sectores populares y la cúpula empresarial en un reclamo común.
Golpazo al bolsillo de la clase media
La clase media se sintió el blanco principal de la reforma. La combinación de bajar el tope del IPI a RD$ 5 millones (cualquier apartamento modesto en Santo Domingo o Santiago supera ese valor), duplicar o triplicar el costo del marbete para carros de bajo valor, y aumentar el ISR al 27% generó la percepción de que este sector asumiría el costo de la reforma sin recibir mejores servicios públicos a cambio.
Aunque el Gobierno insistió en que los siete productos más esenciales (arroz, pollo, plátano, etc.) quedaban fuera, la realidad del mercado dominicano es que si se gravan los aceites, sazones, embutidos y la logística de transporte, el precio de toda la comida sube por un efecto cascada.
Los sectores populares y la clase trabajadora vieron esto como un atentado directo a su seguridad alimentaria.
Rebelión de los sectores productivos (Cine, Turismo y Mipymes)
La Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) y los gremios del cine advirtieron que la eliminación de los incentivos paralizaría inversiones millonarias ya planificadas y provocaría la pérdida de miles de empleos directos, restándole competitividad al país frente a destinos como México, Colombia o Jamaica.
Cuestionamiento al gasto público
El argumento ciudadano más repetido durante las vistas públicas en el Congreso y en las redes sociales fue: «¿Para qué quieren más dinero si el gasto del Gobierno es ineficiente?».
Se criticó con severidad el aumento de la nómina pública, el gasto en publicidad estatal y las pérdidas crónicas en el sector eléctrico (las EDEs), exigiendo que el Estado primero se «apretara el cinturón» antes de pedírselo al pueblo.
El desenlace: El valor de escuchar
Ante el estallido de protestas pacíficas, cacerolazos nocturnos en los sectores residenciales y la tensión en las vistas públicas legislativas, el presidente Luis Abinader optó por el repliegue estratégico. En un discurso televisado el 18 de octubre de 2024, el mandatario afirmó que «un gobierno democrático debe escuchar» y reconoció que la propuesta no contaba con el consenso necesario, procediendo al retiro definitivo de la pieza del Congreso.
Ese episodio dejó claro que cualquier intento futuro de reforma fiscal en el país requiere, de forma obligatoria, un pacto social previo y una notable mejoría en la percepción de la calidad del gasto público.
