Por Manuel Antonio Vega
La historia oficial suele edulcorar los procesos de intervención extranjera bajo el sofisticado manto de la «modernización» y el «progreso». Nos han querido vender el relato de que la primera ocupación militar norteamericana en la República Dominicana (1916-1924) trajo consigo orden institucional y una reforma educativa necesaria. Sin embargo, cuando se desciende al territorio, cuando se escarba en las actas municipales y en la memoria oral de pueblos como Hato Mayor del Rey, la narrativa del «Yankee civilizador» se desmorona por completo.
Lo que queda al descubierto es un paisaje de espanto, pues las escuelas fueron convertidas en cuarteles, aulas reducidas a cenizas y una educación mancillada por la sangre y la barbarie.
El terror imperial no discriminó uniformes ni edades. En Hato Mayor, el ultraje comenzó por la usurpación de los espacios sagrados de la comunidad. El invasor no tardó en ocupar el local de la Logia Odfélica, en la calle Mercedes No. 57, desalojando la Escuela Municipal Pública para instalar allí su maquinaria de control.
Aquel lugar, concebido para el cultivo del intelecto y la fraternidad, terminó convertido en un tétrico escenario donde años más tarde, de manera fúnebre, se hallarían enterramientos humanos.
Como bien señalaba el malogrado historiador hatomayorense Manuel Antonio Sosa Jiménez (Bobby), este período fue, sin lugar a dudas, «el más horroroso y dañino para la comunidad social y educativa».
La crueldad del ocupante alcanzó cuotas de sadismo difíciles de digerir.
En las faldas de la Loma del Calvario, donde hoy se levanta el barrio Punta de Garza, los soldados extranjeros instalaron campos de tiro que utilizaban a jóvenes estudiantes como blancos humanos.
La dinámica de la masacre era perversa, pues ataban a los muchachos de las manos, los obligaban a correr hacia lo alto de la loma bajo la falsa promesa de una vía de escape, y los acribillaban por la espalda.
En esta cacería macabra no solo participaban los francotiradores del norte, sino también los «calieses» y traidores locales que, sin pizca de decoro, se aliaron al opresor para masacrar a sus propios compatriotas.
A estos jóvenes, cuyo único pecado era el ímpetu de su edad o la sospecha de simpatizar con los guerrilleros que resistían en los campos, los etiquetaron despectivamente como «gavilleros» para justificar su fusilamiento.
El magisterio vivió en carne propia la pravedad de la bota extranjera.
El ensañamiento contra los educadores buscaba quebrar la espina dorsal moral del pueblo.
En 1917, las tropas detuvieron al director de la escuela de Jalonga, en Guayabo Dulce.
Lo que le hicieron no fue un arresto, fue una tortura medieval: le colocaron un embudo en la boca, lo golpearon salvajemente con las culatas de las armas y lo patearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo.
Ese mismo año, la creación de la llamada «Policía Escolar» no vino a proteger a la infancia, sino a implantar un régimen de terror que castigaba a los escolares por cualquier nimiedad.
Ante la quema de escuelas en las secciones rurales de Mata Palacio y El Manchado, y ante el clima de violencia generalizada, los padres hatomayorenses se resistieron a enviar a sus hijos a los planteles. No era desinterés por el saber; era el puro y legítimo instinto de protección filial ante un invasor impredecible.
La respuesta del gobierno interventor y de sus colaboradores locales fue la coerción económica y judicial.
El juez Oscar Virgil Díaz multó sin contemplación a una larga lista de ciudadanos dignos—entre ellos Cristina y Abelardo Pozo, Juan de Huertas, Armando Dalmasí, Teolinda Castillo y el ex fiscal Melchor Bernal—por el simple hecho de negarse a entregar a sus hijos a un sistema escolar vigilado por fusiles.
El daño infligido por los ocho años de ocupación no fue solo físico; fue cultural y de raíz.
El Yankee operó como un agente colonizador que buscó segregar y extirpar las tradiciones, artes y costumbres ancestrales de la escuela dominicana, ricas en herencia indígena, española y afroantillana.
Fue durante este eclipse republicano cuando las aulas empezaron a perder la mangulina escolar y esos cantos infantiles tradicionales como “Arroz con Leche”, “Musa Tátara Musa” o “Ambosador Biri-dindón”.
Al atacar la identidad cultural en la niñez, el invasor pretendía aplicar la máxima de que «cuando mueren las tradiciones, mueren los pueblos».
A más de un siglo de aquellos acontecimientos, el episodio de las escuelas quemadas en Mata Palacio y los gritos de los estudiantes en la Loma del Calvario nos obligan a una profunda reflexión.
La libertad y la educación de un pueblo son vasos comunicantes.
No se puede educar para la dignidad bajo el mandato de una bandera extranjera.
Hoy, el rescate de la memoria histórica de Hato Mayor no es un asunto del pasado; es una necesidad imperativa para entender que la soberanía se defiende tanto en las fronteras como en el orgullo y la identidad que se siembran en cada aula de nuestra patria.
