Por Manuel Antonio Vega
La medianoche del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en primera lectura un ambicioso proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional (núm. 590-16). Tras cinco horas de lectura íntegra de sus 315 artículos, 24 legisladores dieron el visto bueno a una pieza que promete endurecer sanciones, regular el uso de la fuerza y prohibir los vergonzosos privilegios de agentes asignados a la seguridad privada. Sobre el papel, el documento brilla con la pulcritud de las buenas intenciones jurídicas. En las calles, sin embargo, el brillo se apaga ante el escepticismo de una ciudadanía que ya no distingue entre el uniforme del protector y el arma del opresor.
La aprobación de esta reforma no ocurre en un vacío institucional; llega en el peor momento posible, arrastrando el sonido de los últimos e indignantes asesinatos de civiles a manos de agentes de la uniformada.
Mientras los senadores debatían tecnicismos y categorías de patrullaje, la sociedad civil seguía sepultando a víctimas de lo que cínicamente suele llamarse «intercambio de disparos» o «excesos individuales».
Por eso, el sentimiento colectivo no es de celebración, sino de profunda sospecha.
Existe el temor fundado de que, detrás del lenguaje burocrático, esta reforma termine operando como un mecanismo de impunidad o, peor aún, como una patente legitimadora del gatillo alegre.
Entre el control digital y la violencia real
Es justo reconocer que el proyecto introduce modificaciones que, en teoría, atacan vicios históricos.
El nuevo artículo 155, por ejemplo, obliga al uso de cámaras corporales durante los operativos y valida el derecho constitucional de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales.
Asimismo, la tipificación de faltas «muy graves» (artículo 227) ahora incluye explícitamente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de armas no asignadas, castigando la reincidencia con la destitución definitiva.
El problema medular no es la ausencia de leyes, sino la cultura de la impunidad.
La ciudadanía se pregunta: ¿de qué sirve una cámara corporal si el sistema judicial interno y externo históricamente encubre, justifica o dilata el castigo a los uniformados que confunden la autoridad con el derecho a matar?
Modificar la estructura para dividir el cuerpo en Directiva, Intermedia y Agente Patrullero no limpia la sangre del pavimento si no se erradica la doctrina del enemigo interno, esa que hace que un policía vea en cada ciudadano de a pie a un criminal en potencia.
La confianza no se reforma por decreto
Un Estado democrático no puede pretender la paz ciudadana a costa de la vida de sus propios ciudadanos.
Los últimos atropellos y ejecuciones extraoficiales cometidos por la Policía Nacional exigen una condena que vaya más allá de la sanción administrativa de un descuento salarial o una suspensión de 60 días.
El asesinato de civiles a manos de las fuerzas de seguridad es una afrenta directa a la Constitución y un síntoma de un sistema enfermo.
Para que la sociedad civil deje de creer que esta reforma es una «autorización para matar», los cambios deben verse en la práctica y no solo en los despachos del Congreso.
El endurecimiento de las penas debe aplicarse sin favoritismos ni injerencias externas.
Si las autoridades quieren rescatar la nula credibilidad de la institución, la primera señal debe ser contundente: tolerancia cero y sometimiento penal inmediato a todo agente que use la fuerza de manera desproporcionada.
La vida de los ciudadanos dominicanos no puede seguir siendo el daño colateral de una seguridad pública mal entendida.
